El oficialismo provincial presentó una iniciativa que impediría manifestaciones en las inmediaciones de instituciones educativas, habilita la intervención de fuerzas de seguridad y genera fuerte debate social y político.
Un nuevo proyecto de ley impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados de Santa Cruz encendió la polémica en toda la provincia. Se trata de la “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias”, una iniciativa que propone prohibir protestas, manifestaciones y cualquier tipo de “ruido molesto” en un radio de hasta 200 metros alrededor de las escuelas públicas y privadas durante los días y horarios de clase.
La propuesta, firmada por los diputados Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain, José Luis Quiroga y Cristian Ojeda, apunta a garantizar “un entorno seguro, libre de interferencias ideológicas, políticas, sindicales o comerciales que pudieran afectar el desarrollo educativo”. El texto incluye entre sus restricciones el uso de megáfonos, bombos, altoparlantes y otros dispositivos que generen sonidos que perturben “la concentración, comunicación o el bienestar de alumnos y docentes”.
El proyecto considera como parte del “entorno protegido” no solo las inmediaciones físicas de las instituciones educativas, sino también sus rutas de acceso y hasta sus plataformas digitales oficiales.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es que autoriza al Poder Ejecutivo, junto al Ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación, a intervenir para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esto podría incluir el despliegue de fuerzas de seguridad en caso de manifestaciones, lo que ya despertó fuertes críticas por parte de sectores sociales, sindicales y de derechos humanos.
Además, la norma contempla sanciones que van desde apercibimientos y multas económicas hasta la suspensión de permisos para organizaciones sociales o sindicales que reincidan en acciones que violen la ley.
En medio de un contexto social marcado por la tensión y la creciente conflictividad, la propuesta generó preocupación por su posible impacto en el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en que se trata de una herramienta para proteger el desarrollo educativo y evitar situaciones que alteren la normalidad en los establecimientos escolares.
